se acaba perdiendo el vínculo político”.

Antoni Gutiérrez Rubí

Es recurrente la pregunta por los motivos que sustentan el apoyo de parte de los sectores populares al presidente Javier Milei a dos años de gestión, y luego de haber dado muestras de impulsar políticas que, cuando los tienen como protagonistas, los desfavorecen.

En un escenario confuso, el peronismo repite viejas fórmulas, sin poder reconstruir referencias ni proyectos claros que dialoguen con los desafíos del presente. Un ensayo de líneas para aportar a un debate necesario.

Emilia Elizar*

Mientras el peronismo insiste en una narrativa distributiva para seducir a los sectores que históricamente representó, una buena parte de los sectores populares, disconforme con las promesas incumplidas responde a otro interés político, el que articula una narrativa moral: el castigo a los privilegiados. Pero estos “privilegiados” no responden a la lógica vertical que estructuraba el peronismo clásico: trabajadores contra élites, sino que horada el propio campo popular, estableciendo una rivalidad horizontal: trabajadores protegidos vs. trabajadores precarizados, informales, sin marcos legales ni organizativos.

Identidad y representación

El peronismo construyó su identidad histórica como el movimiento político que incorporó a los excluidos del orden liberal y conservador argentino. No fue simplemente un movimiento cuya columna vertebral se estructuró en los trabajadores: fue la experiencia política que otorgó ciudadanía material y reconocimiento simbólico a quienes habían quedado fuera del sistema. Su narrativa fundacional no se organizó sólo en torno a la distribución del ingreso, sino en torno a la dignificación, convirtiendo al trabajador en sujeto político.

En ese camino, como destaca el historiador Mariano Ben Plotkin, el peronismo logró articular una identidad capaz de organizar emociones, memorias y pertenencias. 

Otros autores como Samuel Amaral o Daniel James coinciden en que el peronismo no se explica solo por su origen, sino por su densidad identitaria. La “experiencia peronista” permitió a los trabajadores no solo acceder a derechos económicos, sino también a una inédita ciudadanía social y política: reconocimiento, visibilidad, pertenencia, identidad común. 

Durante décadas, esa identidad estructuró en gran parte la representación popular en Argentina. Sin embargo, la pregunta que hoy se impone es incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre cuando los nuevos excluidos antes que sentirse explotados por las elites, se sienten desplazados por quienes estaban incluidos en el modelo anterior?

En la actualidad, la estructura social que posibilitó la identidad original del peronismo —la clase trabajadora industrial, relativamente homogénea, con empleo formal y fuerte presencia sindical— se ha fragmentado. 

El mapa social argentino se transformó profundamente. La centralidad del trabajador industrial estable cedió ante un mundo del trabajo fragmentado, precarizado, informal. Jóvenes sin inserción estable, cuentapropistas de subsistencia, trabajadores de plataformas, monotributistas intermitentes, sectores populares sin representación sindical efectiva. Este nuevo universo social no encaja fácilmente en la matriz clásica de la identidad peronista.

En ese contexto, se podría decir que el peronismo dejó de ser percibido por amplios sectores como el partido de los excluidos, para quedar más cerca de ser el representante de los incluidos protegidos: empleados públicos estables, trabajadores sindicalizados. 

Este desplazamiento en el plano de la percepción, abre una fisura profunda. Si el peronismo fue históricamente el articulador del “pueblo trabajador”, hoy parte de ese pueblo no se reconoce en esa representación. De allí que de modo provocador podríamos englobar a estos sectores, como los excluidos de la inclusión peronista.

No se trata de sectores excluidos del sistema en abstracto. Se trata de quienes se perciben fuera del modelo que, paradójicamente, nació para incluir. Y cuando esa percepción se consolida, podríamos decir que el principio organizador de la identidad política se transforma.

Aquí aparece un fenómeno central del actual momento político: el apoyo de sectores precarizados a La Libertad Avanza. Y frente a ello se ha instalado una lectura: la de sujetos que votan “contra sus propios intereses”, dado que muchas de las medidas impulsadas afectan negativamente sus condiciones materiales. Sin embargo, esa lectura presupone que el interés es exclusivamente económico y que la racionalidad política se organiza en torno a la mejora distributiva.

La realidad sugiere algo más complejo. En determinados sectores populares, el costo personal no invalida el apoyo. La coherencia programática es secundaria. La narrativa moral pesa más que la racionalidad económica.

Mientras el peronismo tradicional estructuró una narrativa distributiva: derechos, salario, paritarias, Estado protector; Milei y La Libertad Avanza estructuran una narrativa moral: privilegio vs. mérito, casta vs. ciudadanos, injusticia sistémica, corrupción estructural.

El eje ya no es “¿cómo mejoro mi situación?”, sino “¿quiénes han sido privilegiados y deben dejar de serlo?”. Podríamos pensar entonces que parte de la representación no se organiza por inclusión, sino que más bien se reorganiza por castigo.

La retórica anticasta funciona como significante moral que articula malestares dispersos. No importa tanto si cada medida concreta reduce efectivamente privilegios estructurales; lo central es la dirección simbólica del conflicto. La política se reconfigura como escena de reparación moral: quienes se perciben relegados encuentran en el castigo a los “protegidos” una forma de restitución de dignidad.

Esta lógica implica una mutación profunda respecto del peronismo clásico. La identidad popular ya no se estructura exclusivamente en la solidaridad vertical —pueblo versus élites— sino que incorpora una dimensión horizontal: trabajadores contra trabajadores, precarizados contra protegidos, informales contra empleados estables. Allí donde antes la inclusión ampliaba el campo de lo popular, hoy la percepción de privilegio fragmenta ese campo.

No se trata de un apoyo “contra sus intereses”, no se trata de irracionalidad. Tampoco de “falsa conciencia”. Se trata de una redefinición de lo que se considera injusto, así como de lo que se entiende por “privilegio” o por “dignidad”. 

Si la injusticia ya no es solo la concentración del ingreso sino la desigualdad dentro del propio universo popular, entonces la ampliación de derechos deja de ser el principio ordenador del interés político y puede volverse prioritario desmontar lo que se percibe como privilegios ajenos, aún a costa de asumir pérdidas propias.

En ese marco, el peronismo enfrenta un dilema identitario. El desafío no es meramente electoral, es hegemónico. 

Quienes se perciben “excluidos” de la “inclusión peronista” son quienes sienten/vivencian haber quedado afuera de un modelo que prometía representarlos. Frente a ello, y sin alternativas que expongan otros caminos posibles, puede que la lógica del castigo siga teniendo potencia organizadora.

La cuestión de fondo no es solo por qué sectores populares sostienen su apoyo a una fuerza que impulsa medidas adversas a sus condiciones materiales. La cuestión es más profunda: qué tipo de identidad política logra ofrecer sentido y reconocimiento en el escenario actual.

Estos desplazamientos no siempre se traducen en identidades políticas estables ni en formas claras de representación, pero implican transformaciones en el vínculo de la sociedad con la política.

En este contexto, la pregunta por la representación se vuelve inseparable de la pregunta por el proyecto político. El interrogante: “¿a quién es capaz de representar hoy el peronismo?” sigue abierto. Pero no puede responderse sin un esfuerzo intelectual y político capaz de reimaginar su identidad más allá de su matriz histórica. 

*Maestranda en Análisis Político. Comunicadora social especializada en Comunicación Política. Integrante de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP).

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¿Qué pasa cuándo se resquebraja una de las columnas vertebrales de la narrativa de gestión? ¿Se puede reconstruir el consenso social? 

*Natalia Gigliotti.

Con frecuencia vemos gestiones de gobierno que continúan creyendo que controlar la agenda mediática equivale a estar blindados a los problemas y esto les permite gobernar sin conflicto. Que administrar la pauta oficial equivale a administrar el consenso. Que dominar el relato es dominar la realidad. Pero la historia política, la teoría de la comunicación y, sobre todo, los hechos recientes en Santa Fe muestran otra cosa: la pauta puede comprar silencio, pero no puede comprar legitimidad.

Durante las últimas semanas, el amotinamiento policial en la provincia de Santa Fe expuso una escena incómoda. No sólo porque puso en evidencia el malestar dentro de la principal fuerza encargada de sostener el orden público, sino porque mostró algo más profundo: los límites de un ecosistema mediático estructurado alrededor de la pauta oficial y el intento de sostener, a través de la comunicación, un consenso que comienza a erosionarse.

Este episodio obliga a pensar el vínculo entre comunicación gubernamental, consenso político y gobernabilidad. Y también a preguntarse cuánto puede resistir un relato cuando la realidad empieza a contradecirlo.

En las democracias contemporáneas, la pauta oficial no es simplemente una herramienta administrativa: es un dispositivo estructural del poder y forma parte de lo que Mario Riorda denomina las rutinas de la comunicación gubernamental, es decir, el conjunto de prácticas mediante las cuales los gobiernos construyen sentido político y buscan legitimar sus acciones ante la sociedad. Es parte de las reglas del juego en nuestras democracias.

En ese marco, la comunicación gubernamental no es un accesorio de la gestión: es parte constitutiva de ella. Como sostiene Riorda, la idea de que un gobierno puede “gobernar bien pero comunicar mal” es una falacia, porque la comunicación política tiene un objetivo central: generar consenso. Si ese consenso no existe, la gestión tampoco puede considerarse exitosa.

En Santa Fe, el sistema de medios tradicionales (televisión, radio, portales digitales, diarios) ha funcionado durante años como un ecosistema relativamente estable, estructurado en buena medida por la pauta oficial. Este esquema permite a los gobiernos definir prioridades, jerarquizar temas y, sobre todo, establecer los límites de lo decible.

Sin embargo, este modelo tiene una debilidad estructural: depende de que el consenso que busca construir tenga alguna base en la realidad.

Luciano Elizalde y Mario Riorda sostienen que el objetivo central de la comunicación gubernamental es la construcción del consenso como condición de gobernabilidad. No se trata simplemente de persuadir, sino de crear las condiciones simbólicas y materiales que permitan sostener el poder político en el tiempo. Este consenso no es un estado permanente ni garantizado. Es una construcción dinámica, frágil, sujeta a tensiones constantes.

Cuando el consenso comienza a erosionarse, los primeros síntomas no aparecen necesariamente en los resultados electorales, sino antes, en conflictos sectoriales, en protestas, en rupturas internas, en la emergencia de discursos alternativos que desafían el relato dominante.

El amotinamiento policial de febrero de 2026 en Santa Fe es, en este sentido, un síntoma político antes que un hecho meramente sectorial. Es la manifestación visible de una grieta en el consenso. Principalmente porque gobernar es sostener un equilibrio complejo entre expectativas sociales, condiciones materiales y legitimidad simbólica, no apenas intentar controlar el relato mediático.

Cuando ese equilibrio se rompe, la comunicación deja de ser una herramienta de legitimación y se convierte en un instrumento de contención.

El resquebrajamiento del mito de gobierno

Riorda sostiene que todas las gestiones gubernamentales precisan de un mito de gobierno, es decir, una narrativa estructurante que organice el sentido de la gestión y permite que la sociedad interprete sus acciones dentro de un marco coherente. En el caso del gobierno de Maximiliano Pullaro, ese mito es claro: el orden, la seguridad, el control del territorio frente al narcotráfico.

Se trata del núcleo simbólico de la legitimidad del gobierno. Entonces, cuando la realidad contradice ese núcleo simbólico, el mito de gobierno no se debilita gradualmente, se quiebra de manera abrupta: ¿Qué ocurre cuando la propia policía, el instrumento central de ese mito, se convierte en un actor de conflicto? ¿Qué ocurre cuando quienes deben garantizar el orden se convierten en protagonistas del desorden?

Definitivamente comienza un momento en el que la comunicación, mediante la pauta, ya no alcanza para sostener el mito de gobierno. Se trata de un problema esencialmente político.

En este sentido, Luciano Elizalde sostiene que una crisis emerge cuando está en juego la posición relativa de poder de un actor, y que su resolución depende de la capacidad de reconstruir consenso en distintos escenarios, incluido el mediático. La crisis policial en Santa Fe no fue solamente una crisis salarial o laboral, fue una crisis de autoridad. Principalmente porque toda crisis pública es, en esencia, una disputa moral sobre la responsabilidad. No se trata solo de lo que ocurre, sino de quién es percibido como responsable de lo que ocurre. 

En este escenario, el gobierno logró contener el conflicto mediante concesiones salariales, pero el costo simbólico ya estaba instalado. La crisis expuso una vulnerabilidad, y éstas, una vez visibles, no desaparecen fácilmente.

Atravesamos contextos complejos, multiplataformas, con una demanda de atención constante y perpetua. La comunicación gubernamental debe colarse en esa complejidad, construyendo el sentido político de la gestión, instalar relatos, ordenar la agenda, postergar el impacto político de las crisis. Lo que no puede hacer es reemplazar el consenso cuando todos estos elementos no tienen asidero en la realidad, o a menudo, son contradecidas por ésta. 

Cuando el consenso comienza a erosionarse, las grietas aparecen primero en los márgenes y avanzan hacia el centro. El gobierno santafesino enfrenta hoy ese desafío, que no es el de comunicar mejor, sino el de reconstruir el consenso social. Porque si hay algo que no puede hacer ninguna narrativa mediática, paga o no, es crear legitimidad.

*Maestranda en Análisis Político (UNTref); Licenciada en Comunicación Social especializada en Comunicación Política (UNER). Socia plena de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. 

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